El 7 de julio de 2007, Machu Picchu fue elegida una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Más de 100 millones de votos fueron emitidos en esta primer campaña de votación a nivel mundial. Sin embargo, ahora las autoridades peruanas han cerrado la icónica atracción turística debido a las protestas en curso que han dejado decenas de muertos desde que comenzaron hace un mes.

Autoridades culturales de Cusco señalaron que “ante la actual situación social en la que se encuentra inmersa nuestra región y el país, se ordena el cierre de la red de Caminos Inca y Machu Picchu, a partir del 21 de enero y hasta nuevo aviso”.

Los disturbios se desencadenaron a principios de diciembre por la destitución y el arresto de Castillo, el primer presidente peruano de raíces humildes y rurales, luego de su intento ampliamente criticado de disolver el Congreso para evitar un juicio político. La abogada de izquierda Dina Boluarte asumió el cargo el mismo día, luego de desempeñarse como vicepresidente de Pedro Castillo.

Esta no es la primera vez que una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo se ve obligada a cerrar sus puertas, Chichén Itzá también fue blanco de protestas recientemente. El 2 de enero, campesinos, artesanos y guías turísticos exigieron la destitución de Marco Antonio Santos Ramírez, director de Chichén Itzá, a quien acusaron de discriminación, maltrato y atentado contra la cultura maya. Esto fue con respecto a las comunidades mayas de Pisté, Xcalakoop y San Felipe Nuevo.

Tras diez días de protestas, comunidades mayas del municipio de Tinum, en el estado de Yucatán, sureste de México, retiraron un tranque en las carreteras que conducen a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Esto se logró luego de que los manifestantes llegaran a un acuerdo con el representante del gobierno federal Andrés Peralta Rivera.

La región arqueológica más popular de México dejó de recibir más de 80.000 visitantes nacionales e internacionales durante el bloqueo, según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que generó importantes pérdidas económicas.

Los gobiernos nacionales de México y Perú deben garantizar que todas las partes interesadas, los trabajadores locales, las comunidades públicas y empresariales, las poblaciones originarias y los visitantes turísticos de las Maravillas se involucren positivamente y se beneficien de una manera que respete y eleve el estatus de Maravilla. Una vez hecho esto, los mismos gobiernos deben asegurar que estas Maravillas, símbolos mundiales más importantes de sus naciones, tengan un marco legal especial que las proteja adecuadamente contra nuevas protestas.

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